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Las administraciones y organismos públicos gestionan datos de carácter personal a gran escala (registro civil, salud, fiscalidad) y garantizan la continuidad de servicios cuya interrupción tiene un impacto directo en los ciudadanos. Esta combinación — datos sensibles y servicios esenciales — convierte al sector en un objetivo recurrente tanto para la ciberdelincuencia oportunista como para el hacktivismo, en un contexto en el que los recursos asignados a la seguridad informática suelen ser inferiores a los del sector privado para un nivel de exposición comparable, o incluso superior.
Dernière mise à jour — 22 de agosto de 2026
ENISA, Threat Landscape (informe anual)
Los sistemas de información sensibles de las administraciones públicas están sujetos a los requisitos de la Ley 05-20 y de las directrices DGSSI, que prevén en particular una auditoría de seguridad periódica.
Sí — es uno de los casos de uso más frecuentes del CISO externalizado: disponer de una función de dirección de seguridad sin contratar un puesto a tiempo completo.
Una parte significativa de los incidentes en el sector público tiene su origen en un error humano (phishing, mala manipulación) más que en un fallo técnico — la sensibilización sigue siendo, por tanto, una palanca directa de reducción del riesgo.
Principalmente la Ley 05-20, el decreto 2-21-406, la DNSSI de la DGSSI, y, según los tratamientos concernidos, la Ley 09-08 relativa a la protección de los datos personales.
